EE. UU. interviene en IA: exige pruebas de seguridad y discute reparto de ganancias

La administración Trump está interviniendo directamente en los principales laboratorios de IA de EE. UU., marcando un cambio hacia un mayor control estatal. El gobierno exigió y supervisó pruebas de seguridad a Anthropic antes de autorizar el lanzamiento global de sus modelos Fable 5 y Mythos 5, que habían sido bloqueados por riesgos de seguridad nacional. En paralelo, OpenAI ha propuesto cederle al gobierno una participación del 5% en la compañía para alinear intereses y evitar regulaciones más estrictas.

El 1 de julio, el gobierno de EE. UU. levantó las restricciones de exportación sobre los modelos más avanzados de Anthropic, Fable 5 y Mythos 5, unas tres semanas después de haberlos bloqueado por considerarlos un riesgo para la seguridad nacional, según reportó Ars Technica. La preocupación era que pudieran ser explotados para ciberataques contra infraestructura crítica. Para lograr la liberación, Anthropic acordó ampliar su colaboración con el gobierno, implementar un programa de pruebas de seguridad con hackers (*red-teaming*) y crear un equipo interno dedicado a monitorear amenazas 24/7. El Secretario de Comercio, Howard Lutnick, confirmó que la empresa tomó medidas para "abordar los riesgos".

Mientras tanto, OpenAI busca adelantarse a una regulación más dura con una propuesta económica. Según el Financial Times, el CEO Sam Altman planteó ceder al gobierno estadounidense una participación del 5% en la compañía, un valor estimado en 42.600 millones de dólares. La idea, que se discute desde el año pasado, busca darle al público un interés financiero en el auge de la IA y calmar las tensiones con la administración. Esta estrategia se enmarca en un enfoque gubernamental más intervencionista, que ya ha tomado participaciones en empresas como Intel, según The Verge.

Esta intervención directa del gobierno estadounidense en el núcleo de la industria de la IA establece un precedente global. Para países de América Latina y el Sur Global, la decisión de EE. UU. de controlar la exportación de modelos potentes podría limitar el acceso a tecnología de punta, creando nuevas brechas digitales. A su vez, la idea de una participación estatal en las ganancias de la IA podría inspirar debates locales sobre cómo capturar y redistribuir la riqueza generada por estas tecnologías para beneficio público, en lugar de que se concentre únicamente en corporaciones privadas y potencias mundiales.