El estado real de cada ley, proyecto y estrategia nacional de IA en la región — con fuente oficial y fecha. Lo actualizamos cuando el mapa cambia.
Guía oficial para proyectos de IA en el sector público, basada en principios de UNESCO y OCDE: transparencia, supervisión humana y prevención de sesgos. Argentina no tiene ley integral de IA: varios proyectos presentados en el Congreso entre 2024 y 2025 siguen sin avanzar.
Marco de IA basado en riesgos, inspirado en el AI Act europeo: clasifica sistemas por nivel de riesgo, crea el sistema nacional SIA coordinado por la ANPD y prevé multas de hasta R$ 50 millones. Aprobado por el Senado en diciembre de 2024; en 2026 tramita en la Cámara de Diputados con votación esperada este año.
Proyecto con enfoque de riesgos que fija obligaciones para proveedores e implementadores de sistemas de IA usados en Chile y asigna la fiscalización a la futura Agencia de Protección de Datos. La Cámara de Diputados lo aprobó el 13 de octubre de 2025; en 2026 sigue su segundo trámite en el Senado.
Hoja de ruta 2025-2030 con más de 100 acciones y COP 479.000 millones en seis ejes: gobernanza ética, infraestructura, talento, gestión de riesgos, I+D y adopción. No es una ley, pero obliga al Ejecutivo y prepara el terreno para la futura regulación de IA en el país.
Iniciativa del Gobierno radicada en julio de 2025 con mensaje de urgencia, que propone clasificar los sistemas de IA por niveles de riesgo y crear una autoridad nacional de supervisión. A mediados de 2026 sigue en trámite en el Congreso, a la espera de sus primeros debates en comisión.
Primera política pública de IA de Centroamérica, lanzada por el MICITT en octubre de 2024. Orienta el uso, adopción y desarrollo ético de la IA, prevé la elaboración de un futuro marco normativo y prioriza infraestructura digital, redes 5G y un Centro Nacional de Excelencia en IA.
Hoja de ruta 2025-2029 oficializada por acuerdo ministerial del MINTEL y presentada en marzo de 2026, alineada con la Recomendación de Ética de la IA de la UNESCO. Define gobernanza, desarrollo tecnológico y adopción segura de la IA; es de rango sublegal, mientras un proyecto de ley de IA sigue en la Asamblea.
El Senado impulsa una Ley General de IA elaborada por su comisión especializada, junto con una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a legislar en la materia. A mediados de 2026 sigue en discusión y México aún no tiene un marco integral aprobado; en paralelo avanzan reformas contra deepfakes.
Reglamenta la Ley 31814: clasifica los sistemas de IA en tres niveles de riesgo, crea el Centro Nacional de Innovación Digital e IA, y exige transparencia, explicabilidad y supervisión humana con un cronograma gradual para entidades públicas y privadas. Publicado el 9 de septiembre de 2025 y vigente desde enero de 2026.
Declara de interés nacional el uso de la IA para el desarrollo económico y social, bajo principios de seguridad, ética, transparencia y supervisión humana. Es una ley de fomento más que de restricciones: orienta al Estado y al sector privado, y sirvió de base al reglamento aprobado en 2025.
Política nacional liderada por Agesic y aprobada el 21 de noviembre de 2024, según mandato de la Ley 20.212. Define principios y tres ejes (gobernanza y regulación, capacidades, investigación e innovación) para un uso ético y responsable de la IA, con hoja de ruta y revisión de medio término hasta 2030.
Primer marco integral de IA del mundo, con enfoque de riesgos. Las prohibiciones rigen desde 2025 y las obligaciones de transparencia del artículo 50 (avisar cuando se interactúa con una IA y etiquetar contenido sintético y deepfakes) aplican desde el 2 de agosto de 2026. Es la referencia global para las leyes de LATAM.
Acuerdo político provisional de mayo de 2026 que aplaza las obligaciones para sistemas de alto riesgo a diciembre de 2027 y agosto de 2028, con una prórroga corta para el marcado de contenido sintético. La transparencia del artículo 50 mantiene la fecha del 2 de agosto de 2026. Pendiente de adopción formal.
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