EE. UU. interviene para desestimar demanda ambiental contra centro de datos de xAI

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha solicitado a un tribunal federal que desestime una demanda por contaminación del aire contra un centro de datos de la empresa de inteligencia artificial xAI, propiedad de Elon Musk. La acción legal, iniciada por la NAACP y otros grupos ambientalistas, acusa a la compañía de operar ilegalmente decenas de turbinas de gas sin los permisos requeridos por la Ley de Aire Limpio federal. El Departamento de Justicia (DOJ) argumenta que la intervención es necesaria para proteger la seguridad nacional y la innovación en IA.

La demanda, presentada en abril, sostiene que xAI opera una planta de energía con hasta 57 turbinas de gas portátiles para alimentar su centro de datos "Colossus 2" en el norte de Mississippi, cerca de Memphis. Según la NAACP y sus abogados de Earthjustice, estas operaciones carecen de los permisos federales y los controles de emisiones adecuados, generando riesgos para la salud de las comunidades cercanas. En respuesta, el DOJ afirmó que el estado de Mississippi determinó que las turbinas temporales son "fuentes móviles" y no requieren dichos permisos. El Fiscal General Asociado, Stanley Woodward, declaró que "la responsabilidad final de hacer cumplir la ley federal pertenece al Poder Ejecutivo, no a grupos de interés privados".

La justificación de "seguridad nacional" se basa en el rol del centro de datos para potenciar el chatbot Grok. Según una declaración del Departamento de Guerra citada por el DOJ, el modelo "Grok Gov" proporciona "apoyo crítico para las operaciones militares". Específicamente, se mencionó su uso para ayudar a las fuerzas estadounidenses a "desplegar más de 2.000 municiones a 2.000 objetivos distintos en 96 horas durante la Operación Epic Fury" en Irán. Sin embargo, el Southern Environmental Law Center, que representa a la NAACP, calificó el argumento como un intento de permitir que xAI "viole la ley" y contamine sin consecuencias, usando la seguridad nacional como pretexto.

Este conflicto en Mississippi expone una tensión creciente a nivel global: la demanda energética de la infraestructura de IA frente a la protección ambiental y los derechos de las comunidades. Mientras el gobierno de EE. UU. lo enmarca como un imperativo de seguridad, el caso sienta un precedente que podría resonar en el Sur Global. Para países de América Latina que buscan atraer inversiones en centros de datos, plantea la interrogante de si los argumentos de soberanía tecnológica o alianzas estratégicas podrían utilizarse para anular las regulaciones ambientales locales, trasladando el costo ecológico del avance de la IA a las comunidades más vulnerables.