Quince fiscales generales exigen a OpenAI que pare sus pruebas internas de ciberataque

El 3 de agosto quince fiscales generales estatales —Iowa, Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Kansas, Misuri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas y Utah— firmaron una carta dirigida a Sam Altman con tres exigencias. Primera: preservar diez categorías de documentos sobre la intrusión de julio en Hugging Face. Segunda, la más agresiva: cesar de inmediato toda evaluación interna que induzca a los modelos a la explotación avanzada de vulnerabilidades. Tercera: garantizar que no habrá represalias contra quienes denuncien internamente.

El 24 de agosto uno de ellos dio el paso siguiente. El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, emitió una citación formal amparada en la ley estatal de prácticas comerciales engañosas. Marshall lo justificó así: esta fuga de laboratorio de IA demostró que los peores temores de los estadounidenses sobre la inteligencia artificial no son solo teóricos.

Lo relevante para cualquiera que siga la regulación no es el enfado, es el instrumento. Es la primera vez que se usa derecho de consumo para intentar frenar una práctica de investigación interna de un laboratorio de IA, y funciona sin que exista una ley de inteligencia artificial de por medio. Eso lo convierte en una vía replicable: autoridades de protección al consumidor hay en todos los países hispanohablantes; leyes de IA en vigor, todavía casi en ninguno.

Dos precisiones antes de citar esto en cualquier sitio. Una discrepancia declarada: la nota de prensa de Pensilvania habla de dieciséis fiscales e incluye a Alaska, mientras que la carta firmada enumera quince e incluye a Arkansas. Nos atenemos al documento firmado. Y una advertencia de fondo: una investigación no es una conclusión. Nada de esto ha sido juzgado, y una citación obliga a entregar documentos, no acredita ninguna infracción.