Treinta nuevas demandas contra OpenAI elevan la acusación de negligencia a complicidad

El 2 de septiembre el bufete Edelson PC presentó treinta demandas contra OpenAI y Sam Altman ante el tribunal federal de San Francisco, en nombre de estudiantes, docentes y el director del centro donde ocurrió el tiroteo de febrero en Tumbler Ridge, en la Columbia Británica. Se suman a las siete presentadas en abril. La compañía acumula ya más de cincuenta demandas.

La novedad no está en el número, está en la figura jurídica. Las demandas anteriores alegaban negligencia. Estas alegan complicidad —aiding and abetting—, que en el derecho estadounidense exige probar intención, un listón mucho más alto. Si prosperara, cambiaría por completo el marco de responsabilidad de los proveedores de modelos.

La alegación central de la demanda es que el equipo de asuntos globales, dirigido por Chris Lehane, anuló la recomendación del equipo de seguridad de alertar a la policía y optó por desactivar la cuenta de la agresora, que ella recreó. Los demandantes lo contrastan con noviembre de 2025, cuando ante una amenaza dirigida a su propio personal la compañía cerró oficinas y llamó a la policía. Jason Kwon, de OpenAI, lo niega: es absolutamente falso decir que Chris Lehane estuvo involucrado.

Dos advertencias que no son formalismo. Lo anterior son alegaciones de una demanda, no hechos probados: nada ha sido juzgado y la versión de la compañía es la contraria. Y sobre el número de víctimas hay discrepancia entre las redacciones que cubrieron el caso, sin reconciliar, así que aquí no damos ninguna cifra: no es un dato que se pueda redondear. Lo que sí queda planteado, y es lo que hará que este caso se siga durante años, es la pregunta: si el sistema de una empresa detecta un plan de violencia, ¿tiene esa empresa el deber de avisar a las autoridades?